miércoles, 21 de marzo de 2012

CHILE: Estado chileno, condenado por la CIDH por caso de jueza Karen Atala

Jueza Karen Atala Riffo volverá a sonreír.
Sentencia se da en ejercicio de la CIDH de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Chile deberá pagar una indemnización de US$ 60 mil, por daños "material" e "inmaterial" a la jueza Karen Atala Riffo, a quien la justicia de ese país le arrebató a sus hijas por su condición de lesbiana. Así lo determinó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a la Convención Americana de DD.HH.

La sentencia indica que el Estado de Chile es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Atala Riffo y de las niñas M., V. y R. (iniciales de las menores).

El fallo afirma además que el Estado chileno es responsable por la violación de derecho a la vida privada, del derecho a ser oído en relación a Atala y de las niñas M., V. y R.; así también por la garantía de imparcialidad respecto a la investigación disciplinaria, en perjuicio de Atala Riffo.

La CIDH señaló que Chile "debe brindar, la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten".

Actos públicos, reconocimientos e indemnización

La Corte señala que el Estado chileno deberá organizar un acto público de reconocimiento “internacional” por los hechos del presente caso y en el "plazo de 6 meses" las publicaciones indicadas en la sentencia.

También estará en compromiso de implementar “programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial".

La condena implica un pago de indemnización “por daño material e inmaterial” y “por el reintegro de costas y gastos”, junto con, dentro del plazo de un año, a partir de la notificación, "rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma".

Así, el Estado chileno deberá pagar US$ 10 mil por los gastos ya realizados en "atención médica y psicológica" y por daño inmaterial deberá cancelar US$ 20 mil a Atala y US$ 10 mil a cada una de las niñas afectadas.

El documento finaliza precisando que la Corte está en permanente supervisión al cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso cuando el Estado chileno haya cumplido a cabalidad el fallo. (con información de lanacion.cl y tuits de @ronaldgamarra)

 

sábado, 10 de marzo de 2012

MEDIO ORIENTE: Los derechos de las mujeres en Oriente Medio y Norte de África siguen estancados




Ya somos
12.145 firmantes

Manifestándose en la calle, organizándose o denunciando la represión en Internet, las mujeres han sido clave en la llamada ”primavera árabe”, desafiando los convencionalismos y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y reunión.

Como líderes y agentes del cambio en los levantamientos, han asumido los mismos riesgos que los hombres al exponerse a abusos cometidos por el Estado. Han sufrido hostigamiento, acoso, torturas y malos tratos, como agresiones sexuales y amenazas de violación, relacionados específicamente con su condición de mujeres; un caso muy notorio fueron las “pruebas de virginidad” a las que fueron sometidas algunas manifestantes en Egipto.

Además, siguen siendo discriminadas en numerosos ámbitos de su vida, por ejemplo:
  • En Yemen, las mujeres carecen de libertad para casarse con quien deseen, y algunas son obligadas a contraer matrimonio cuando son menores de edad, a veces con tan solo ocho años.
  • En Arabia Saudí las mujeres no poder viajar, tener trabajos remunerados, recibir educación superior ni casarse sin el permiso de un tutor varón. Tampoco pueden conducir, aunque tengan permisos internacional con los que sí pueden hacerlo en en otros países.
  • En Egipto se practica la mutilación genital femenina y está prohibido el aborto, incluso en el caso de mujeres y niñas sobrevivientes de violación e incesto, o de embarazos que entrañan grave riesgo para la salud. Su representación en el Parlamento es incluso menor ahora que cuando Hosni Mubarak presidía el país.

Es hora de que esos cambios garanticen también sus derechos. Con tu apoyo es posible: las “pruebas de virginidad”, por cuya abolición Amnistía Internacional hizo campaña, son ahora ilegales en Egipto; además hemos contribuido a la liberación de diferentes activistas, como la poetisa Aayat Hasan Yusuf Mohmed Alqormozi en Bahrein, Manal al Sharif en Arabia Saudí o Hanadi Zahlout en Siria. Pero queda un largo camino por recorrer.
¡Actúa!
Rellena tus datos para que enviemos un mensaje en tu nombre ( leer ) a las autoridades de Egipto, Bahrein, Arabia Saudí y Yemen (el mensaje contendrá tu nombre, apellidos y correo electrónico).
Excelentísimo Señor,
Le escribo porque me preocupa enormemente la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en su país.
En los recientes acontecimientos relacionados con la "primavera árabe" se ha puesto de manifiesto el llamamiento de las mujeres para que se ponga fin a la discriminación de género en todos los ámbitos de la vida pública, política y social.
Apoyo firmemente las reivindicaciones de las mujeres a favor de la igualdad, y le solicito que el gobierno de su país las escuche y ponga fin a la discriminación de que son objeto:
- asegurando que las mujeres tienen igualdad de derechos en cuanto a la participación política y la toma de decisiones
- reconociendo en la legislación su igualdad de derechos en cuanto a, entre otras cosas, el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la sucesión
- protegiendo a las mujeres jurídicamente frente a la violencia de género, incluido el acoso sexual, la violencia intrafamiliar y la violación conyugal
- adecuando todas las leyes, prácticas, políticas y procedimientos en conformidad con las normas del derecho internacional y de los derechos humanos.
Atentamente,

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COLOMBIA: Mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual exigen justicia

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombia-mujeres-sobrevivientes-violencia-sexual/

Las letras en las manos de las mujeres forman las palabras
"No al Abuso sexual". Son un grupo de mujeres que han sido víctimas
de violencia sexual en el conflicto armado en Colombia,
que se reúnen periódicamente. © Corporación Sisma Mujer
Ya somos
20.965 firmantes

“La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano.”
Corte Constitucional de Colombia, 2008.

Sandra y Carlos (nombres ficticios) vivían del cultivo de su tierra en el departamento de Vichada hasta que en julio de 2010 unos soldados les detuvieron y se los llevaron al monte, acusándoles de ser guerrilleros. Los soldados agredieron sexualmente a Sandra antes de dejarles marchar al día siguiente. Sin embargo, continuaron acosándoles y amenazándoles con entregarles a los paramilitares.

Una semana después, Sandra y Carlos huyeron de Vichada. No obstante, las autoridades se han negado a reconocer la declaración de la pareja de que fueron desplazados forzosamente por la violencia política y, como consecuencia, no han recibido ninguna ayuda del Estado.

Desde la agresión la pareja siente un intenso miedo y angustia, y para Sandra recordar la violencia a la que fue sometida le sigue causando un gran sufrimiento y una profunda sensación de repugnancia. Todavía no ha sido capaz de contar a Carlos todo lo que le hicieron.

La pareja denunció la agresión a la Fiscalía General de la Nación que ahora investiga el caso. Sin embargo, ha habido muy pocos avances y Sandra y Carlos se empiezan a preguntar si tiene sentido insistir en que se haga justicia.

Su caso no es único. Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia: paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla. Las mujeres sufren abusos sexuales por el simple hecho de serlo, para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del control militar, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir la apropiación de sus tierras, y para vengarse de los adversarios.

Las defensoras de derechos humanos y las líderes comunitarias son agredidas sexualmente en represalia por su labor o en un intento de silenciarlas.

Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia. La impunidad impera. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos se ha comprometido a abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad, hasta ahora las mujeres apenas han visto cambios reales en sus vidas.

Las mujeres y niñas colombianas sobrevivientes de violencia sexual exigen justicia. Ayúdales. Exígeselo tú también al gobierno colombiano.
¡Actúa!
Rellena tus datos para que enviemos un mensaje en tu nombre ( leer ) al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos (el mensaje enviado contendrá tu nombre, apellidos y correo electrónico).


Señor Presidente:


Le escribo para expresarle mi profunda preocupación porque las mujeres y niñas de Colombia son objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia, y hasta ahora la inmensa mayoría de estos crímenes siguen impunes.


Desde su toma de posesión en 2010, el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos, incluidos los actos de violencia sexual contra las mujeres.


El gobierno colombiano debe:

- Desarrollar una estrategia integral de género, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y que aborde la estigmatización de las víctimas de la violencia sexual.


- Poner fin a la impunidad en los casos de violencia contra la mujer, lo que incluye mejorar la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos de violencia contra la mujer; garantizar que los agentes estatales rinden cuentas de sus actos; y excluir los casos de violencia contra la mujer del sistema de justicia militar.


- Garantizar que las sobrevivientes de la violencia sexual tienen acceso a atención psicológica y médica adecuadas.


- Asegurar que las violaciones sexuales son definidas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando sea oportuno, como medida para garantizar que las investigaciones penales abordan la responsabilidad de la cadena de mando.


- Modificar la definición de “violación” en el Código Penal para garantizar que coincide con la definición de “violación” del derecho internacional penal.


- Garantizar que los fiscales que investigan casos de violencia sexual en los que están implicados los paramilitares y las fuerzas de seguridad tienen acceso sin trabas a los jefes paramilitares extraditados en Estados Unidos.

- Implementar un proceso nacional de recogida de datos como parte del proceso de reconocimiento del alcance que tiene la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto.

Es fundamental que su gobierno actúe para proteger a la población civil, incluidos los defensores y defensoras de derechos humanos y las sobrevivientes de la violencia sexual, y que garantice que se respeta el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.

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