De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando.
Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se
multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas
trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías
estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y
progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo
neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de
extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la
desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones
afectadas.
Pese a que las mujeres han estado presentes en las
resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no
siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva
presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha
cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de
despojo.
Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y
posicionamientos, revelan el impacto que las actividades extractivas producen
en las relaciones de género y en la vida de las mujeres. Algunas se sitúan en
los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos,
y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas,
desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista,
descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las
resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre
extractivismo y patriarcado.
Trata de mujeres y
niñas
Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la
explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina
comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las
actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el
incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los
pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado
en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en
Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que
afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de
personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la
estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.
Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la
militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas
específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en
numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de
seguridad públicas y privadas.
Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la
mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese
paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han
construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo
de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del
territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del
territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y
autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de
las mujeres.
Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en
la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario,
construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la
explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo
violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de
este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena
Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de
Xalapán – Jalapa.
“Las mujeres somos
una economía en resistencia”
La penetración de industrias extractivas en los territorios
desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de
reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la
presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una
economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del
trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de
cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las
relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.
En un contexto donde los roles tradicionales de género están
profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado
a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos
socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de
enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de
cuidados diario que realizan las mujeres.
“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde
las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías
en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el
Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en
junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía
basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción
cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina
Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales
ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la
economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo
paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.
El extractivismo y la
reconfiguración del patriarcado
“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las
calles, se ponen a tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que
éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan
las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades
mineras en Perú.
En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el
extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos
de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias
extractivasse consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre
proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización
de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de
mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.
En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por
Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades
extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por
imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas
permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del
patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez
sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo
mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”
Protagonistas de la
resistencia
Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero
Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus
aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la
minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de
la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces
denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011
Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por
parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas,
intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de
irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de
tierras.
En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete
mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico
interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de
la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de
captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de
2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar
parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma
irregular por la empresa.
Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía
ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía
General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el
año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la
empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron
las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el
ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la
petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la
devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por
las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz
pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado
ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.
Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista
latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la
resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio
espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013
caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador,
proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros
territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.
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