NICARAGUA: La marcha desde las putas

(Reflexiones de cuatro mujeres jóvenes que participaron en La Marcha de las Putas en Nicaragua)

Fernanda Siles, María Martha Escobar, Andrea Luque y Mercede Figueroa
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130489

Eran ya un poco más de las diez de la noche y me había quedado sin saldo para llamar al taxista que suelo llamar cuando salgo sola, pero como una amiga se animó a salir conmigo, entonces me relajé y pensé: “bueno, acompañada da menos miedo”. Salimos las dos a la calle principal a buscar taxi y, desde que cruzamos del portón de la casa, empezamos a escuchar: “adiós bárbaras”, “qué buenas que están” y demás “piropos” (acoso) que sólo me causan rabia. 

Sin embargo, me hice la sorda porque no quería amargarme la noche. Seguimos ahí y no llegaba ningún taxi. Entonces pasó una camionetona que al vernos decidió retroceder hasta acercarse y detenerse enfrente. Uno de los pasajeros bajó el vidrio de la ventana y nos dijo: “¡buenas noches!”. Indignada y con mala cara le dije: “seguí tu camino”. Los dos hombres se miraron entre sí y nos miraron nuevamente, entonces les volví a exigir que se fueran, pero no me hicieron caso y me respondieron en tono burlesco: “vos nos sos policía de tránsito”. Una vez más volví a gritarles que se fueran, pero su reacción fue sólo subir el vidrio y empezar a carcajearse de nosotras. Aún nerviosas decidimos no movernos del sitio: “son ellos los que deben dejarnos en paz”. Tan sólo cuando me incliné a recoger una piedra y amenazarles con dañarles la camioneta logré que se fueran. Me quedé alterada, con la piedra en la mano, empuñando un arma que desafortunadamente (porque no estoy a favor de la violencia) me hacía sentir segura. 

 

¿Por qué no podemos caminar tranquilas, vivir en paz? ¿Desde cuándo la noche, las calles y el mundo le pertenecen a alguien? Más que como interrogantes, como exclamaciones llenas de rabia flotaban estas inquietudes en las distintas discusiones que se sostuvieron en Matagalpa y en Managua para organizarnos y manifestarnos por situaciones que diariamente en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que enfrentar cada una de nosotras, mujeres, desde nuestras particularidades.

La “Marcha de las Putas” ha sido un pretexto para visibilizar las relaciones de poder, desiguales e injustas, que se dan entre hombres y mujeres; para denunciar las situaciones de violencia y acoso que seguimos sufriendo a diario las mujeres en diferentes espacios (calle, casa, cama, escuela, fábrica, oficina, etc.), lugares del mundo y en diferentes -o todos- los momentos de la vida. También ha sido una oportunidad para entrever qué realidades tan diversas y complejas se esconden detrás de la palabra puta.

Puta fue la palabra que utilizó un policía canadiense el pasado mes de enero para justificar la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. En una conferencia sobre seguridad civil en la Universidad de York, esta autoridad que debe velar por el orden público, afirmo que: “las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”; expresión que refleja la visión social predominante de que las mujeres somos responsables de la violencia verbal, física y sexual que a diario se ejerce en nuestra contra. Bajo esta lógica el alcalde de Navolato (México) decidió tomar como medida “oportuna” prohibir el uso de minifaldas y regular la vestimenta de las mujeres para evitar embarazos adolescentes. Así también por siglos las iglesias han alimentado mitos que sirven para distinguir entre las buenas y las malas mujeres, siendo las últimas merecedoras de castigos que ayudan a evitar que las Marías se conviertan en Evas (en el caso del catolicismo). 

Estos son sólo un par de ejemplos puntuales sobre la articulación de la cultura patriarcal dentro de las instituciones sociales, reproducidas y fuertemente afirmadas de manera irresponsable por la educación y por los medios de comunicación. 

Esta marcha permitió la confluencia de mujeres que desde sus distintas experiencias del control y la dominación compartíamos la reivindicación de poder nombrarnos a nosotras mismas y posicionarnos fuera de los rincones sumisos donde no estorbamos. Y esto, válgase la corrección, incluye también a las trabajadoras sexuales. Ha habido un esfuerzo por parte de los medios masivos de información en aclarar que la Marcha de las Putas no es una marcha de prostitutas. ¿Y qué si lo fuera? Las trabajadoras sexuales también, como mujeres, han sido en muchos casos empujadas a la sumisión y el servicio, pero también entrañan la fuerza de la ruptura. 

Puta ha sido la palabra por años utilizada para igualarnos a todas las mujeres en una condición de marginación signada por la violencia. Por eso, porque así nos nombran, la palabra fue adoptada por feministas en múltiples ciudades del mundo como una oportunidad de encuentro y reconocimiento entre los distintos significados concretos que este insulto ha tenido en las vidas de las mujeres y las particularidades de nuestras vivencias de una agresión que se resume en un intento de “devolvernos” al “lugar que nos corresponde”, aquel que la sociedad patriarcal, clasista y racista nos ha asignado. 

Es por eso que cientos de mujeres de distintos departamentos del país decidimos nombrarnos putas, lo que para nosotras significó decir: sabemos que nos llaman putas cuando no saben cómo reaccionar frente a nuestra fuerza.  Nos sumamos a la “Marcha de las Putas” de este sábado en Matagalpa para “salir a caminar y retomar el derecho a ocupar las calles y espacios públicos que también son nuestros, con el único propósito de dejar claro que cuando las mujeres decimos NO, es NO”, tal y como explicaba en su convocatoria la Red de Mujeres de Matagalpa, organizadora del evento.

Sin miedo, sin censura y con el compromiso de responder ante cualquier tipo de justificación o argumento que apruebe la violencia protestamos, porque la realidad que vivimos a diario millones de mujeres en todos los continentes y de cualquier edad, clase y condición es sumamente agresiva. Exigimos NO MÁS VIOLENCIA en la cama, en la casa, en la calle, en la escuela, en la fábrica, la oficina, ni en el país.

Las mujeres no sólo somos víctimas de los agresores, somos víctimas de sistemas que no nos respetan ni nos representan, no nos ofrecen los mecanismos para defendernos y no responden a nuestras necesidades. Por eso marchamos, contra eso protestamos y esta vez quisimos re-significar el término puta para reapropiarnos de las calles, de nuestros cuerpos y de nuestras vidas para ser más libres y para vivir en paz.

PANAMÁ: Equidad de género

Fundagénero fustiga al arzobispopor

 llamar a los padres para que ‘recuperen

su papel en la familia, ya que quizás por

 el feminismo radical, la mujer  tiene una

 obsesión por arrinconar al hombre’

 MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO*
 http://www.kaosenlared.net/noticia/panama-equidad-de-genero

El fin de semana pasado un grupo de hombres feministas, pertenecientes a una organización llamada Fundagénero, le envió el arzobispo José Domingo Ulloa, de la Iglesia católica panameña, una carta manifestando su preocupación por la falta de responsabilidad del prelado. Todo indica que la Iglesia Católica —y quizás cuantas otras iglesias en Panamá y en otras partes del mundo— sigue creyendo que la relación entre hombres y mujeres es asimétrica. Es decir, el hombre por algún don sobrenatural es superior a la mujer.

El sentido común nos dice que hombres y mujeres son diferentes... biológicamente. La naturaleza nos brinda funciones distintas en el proceso de reproducción de la especie (en nuestro caso, la especie humana). Esto es lo que se llama sexo.

La sociedad, a lo largo de un largo proceso de desarrollo —con sus contradicciones y conflictos permanentes— asigna diferentes roles y, a la vez, define posiciones sociales diversas a sus miembros. Esto es lo que se llama género. Las mujeres panameñas y de otros países tienen varios siglos de estar luchando por la ‘equidad de género’. 

Esto quiere decir que aspiran a tener los mismos derechos humanos que los hombres: vida, libertad, educación, salud y, sobre todo, trabajo. Con estos derechos los hombres y las mujeres pueden formar una familia integral, donde le pueden trasmitir sus valores a sus hijos, familia, comunidad y país.

A la sociedad panameña aún le falta mucho para alcanzar esos objetivos. El empleo informal y el trabajo precario del 50 por ciento de los hombres y de las mujeres panameños, tiende a desintegrar la familia, a desarticular las comunidades y a corromper a las autoridades que forman alianzas con el crimen organizado. Este es el enemigo de la integridad de la familia. Poner a nuestra juventud a estudiar y a trabajar debe ser la prioridad de la Iglesia Católica y todas las otras. 

Los miembros de Fundagénero fustigan al arzobispo por hacer un llamado a los padres para que ‘recuperen su papel en la familia, ya que quizás por el feminismo radical, la mujer tiene una obsesión por arrinconar al hombre’. Son palabras extrañas, especialmente viniendo de una persona supuestamente educada en las mejores academias e institutos. De hecho, suena a un llamado a la ‘lucha de los géneros’.

Los representantes de Fundagénero agregan que el llamado del arzobispo ‘constituye, además de una injusticia inconsecuente con las enseñanzas de Jesús, un acto de irresponsabilidad, rayano en la apología de la discriminación y el abuso contra las mujeres’.

En la misma alocución, el prelado de la Iglesia Católica hizo una fuerte denuncia contra la corrupción que está haciendo estragos en el país. Sus palabras fueron escuchadas especialmente por los políticos locales —del gobierno y de la oposición— que tomaron nota.

Fundagenero le recuerda al arzobispo Ulloa que ‘el 75 por ciento de las denuncias presentadas en los últimos años por violencia doméstica han sido perpetradas por hombres y sólo el 2 por ciento han sido perpetradas por mujeres. Cuando en 2003, se aprobó la Ley de Paternidad Responsable, más de 100,000 personas reclamaron el reconocimiento de sus padres’.

‘Durante siglos, feministas arriesgaron su libertad, su vida, honra y bienes en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres y niños: el derecho a la educación, a recibir un diploma universitario, a practicar la carrera de abogada, a poseer bienes, a un trabajo remunerado, al sufragio, a ser testigo en un juicio, a interponer una demanda penal cuando es agredida física o sicológicamente. Nos permitimos recordarle a monseñor (Ulloa), que antes de que se aprobara la Ley de Violencia Doméstica en Panamá, la violencia del marido contra su mujer no estaba tipificada como delito’.

La carta dirigida a la Iglesia Católica concluye con la cita del arzobispo, quien apuesta al triunfo del hombre en ‘la lucha de géneros’. Se puede comprobar mediante estudios que la razón por la cual muchos padres y madres han perdido su papel fundamental en la familia es porque los gobernantes que legislan han eliminado, mediante sus leyes absurdas, los empleos (y salarios) que necesitan los trabajadores para sostener el hogar y consolidar las relaciones entre padres e hijos. 

Este es un buen momento para que la Iglesia Católica se acerque a los gremios de trabajadores, profesionales y estudiantes para que juntos trabajen con una política que impulse la equidad de género. La Iglesia también puede trabajar con el Ministerio de Educación —de espaldas a la familia panameña—, para alcanzar este objetivo que contribuiría al desarrollo nacional.

 

Mujer, violencia y silencio en Guatemala

Patricia Simón / Periodismo Humano / La Haine

Violaciones, mutilaciones, explotación sexual, feticidios -rajarles el vientre y sacar los fetos-, fueron cometidas sistemáticamente por el Ejército y por los paramilitares. 


 

Guatemala. Un país con unos 13 millones de habitantes, con índices de desnutrición infantil desconocidos en América Latina, con un Estado fallido que se ha confesado incapaz de controlar el norte del país donde los cárteles del narcotráfico hacen, y asesinan, a su antojo. Un territorio donde la violencia  callejera estableció desde hace ya una década que una vida no valía nada y el machismo que la violencia de género puede, además de asesinar – casi 600 mujeres sólo el año pasado-, alcanzar unas cotas de brutalidad y ensañamiento aterradoras. Todos estos datos dibujan la imagen internacional de uno de los países con menor influencia política y, por tanto, atención del continente latinoamericano. Una falta de interés que no es nueva y que se mantuvo durante los treinta años en que una guerra civil [los militares] masacró a su población, especialmente a la de origen maya.

Un conflicto en el que las cifras, que son personas con nombres, apellidos, padres, madres e hijos y sueños, como tenemos que recordar a veces para no perdernos en la inmesidad, desbordaron proporcionalmente las dictaduras de Chile, Argentina o Uruguay: más de 200.000 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecias en más de 600 matanzas, más de 440 comunidades mayas exterminadas y más de medio millón de desplazados para salvar sus vidas.

“La percepción de las fuerzas armadas en torno a los mayas como aliados naturales de la guerrilla contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones a sus derechos humanos, demostrando un marcado componente racista de extrema crueldad que permitió el exterminio en masa de las comunidades mayas indefensas -incluidos niños, mujeres y ancianos- a través de métodos cuya crueldad escandaliza la conciencia moral del mundo civilizado” Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU

La violencia contra la población civil fue sistemática, contínua y especialmente dirigida contra la población maya con el objetivo de exterminarla, según todas las investigaciones independientes. Por ello, en estos momentos ocho altos cargos, incluído el general y presidente de Guatemala entre 1982 y 1983, Efraín Ríos Montt, se enfrentan a cargos de genocidio, tortura y terrorismo en la Audiencia Nacional en un juicio superviviente de la Jurisdicción Universal aplicable en España antes de la reforma de 2010, a partir de la cual sólo se puede abrir una investigación en aquellos casos en los que esté implicado un español. Un proceso judicial que comenzó su andadura en 1999 cuando la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú junto a organizaciones de derechos humanos españolas y guatemaltecas presentaron una querella.

Tras doce años y varias décadas de que los crímenes fueran cometidos, las organizaciones Women´s Link Worldwide y The Center for Justice & Accountability han pedido a la Audiencia Nacional que investigue también los crímenes cometidos específicamente contra las mujeres, unos delitos que hasta hoy han permanecido en el silencio y la impunidad. Como recogen las organizaciones demandantes en su informe, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, fue muy clara en su informe ante la Comisión de DDHH de la ONU de 2001. “El hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, ha contribuido a crear un clima de impunidad que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”.

El lunes estrenamos el Especial documental “Mujer, violencia y silencio” en el que profundizamos en las distintas formas de violencia a las que son sometidas las mujeres en Guatemala desde su nacimiento, por el sólo hecho de ser mujeres, aún más vulnerables por ser indígenas y pobres: abusos sexuales, incesto, violencia machista por parte de sus parejas, tortura, discriminación y la violencia sexual que sufrieron durante la guerra civil: varios testimonios de mujeres que sufrieron violaciones colectivas -hasta cuarenta soldados haciendo cola para violarlas-.

Las violaciones, las mutilaciones, la explotación sexual, las esterilizaciones a fuerza de violarlas y desgarrarlas, de provocarles abortos forzados, de feticidios -rajarles el vientre y sacar los fetos-, fueron torturas cometidas sistemáticamente por el Ejército y por los paramilitares contra estas mujeres. Mientras se lo hacían, como podrán ver en el Especial, les decían, por ser indígenas, “no son gente, son animales”. Muchas de estas mujeres nunca contaron estos crímenes y las que lo hicieron, o se supo en su comunidad, fueron rechazadas, despreciadas, expulsadas. 

Estos días, como parte de esta petición de que se investigue la violencia de género durante el conflicto, Patricia Sellers, abogada experta en derecho penal internacional y asesora en asuntos de género para varios Tribunales Penales Internacionales, y María Eugenia Solís, abogada y experta en violencia de género contra la población maya durante el conflicto armado guatemalteco, prestarán testimonio de por qué es fundamental incluir estos delitos en la causa.

En conversación telefónica, María Eugenia Solís, además de experta en este asunto, jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 2010, nos explica cómo en un país donde se cometieron miles de delitos sexuales contra las mujeres, apenas sean, no ya juzgados, sino conocidos entre la población. “La Comisión de la verdad que hizo la ONU, con muchos recursos, no contemplaba un protocolo para esta violencia. Sencillamente no se plantearon que existiese así que no preguntaron. Lo que está documentado en esa investigación fue porque las mujeres lo mencionaban colateralmente: ‘pues mira que a mi hermana la colgaron de un palo para aterrorizar a toda la comunidad, pues mira que nos violaron y…’. Pero las mujeres acudieron a hablar de los otros: de cómo habían desaparecidos a sus maridos, a sus padres.. No de ellas.”.

El silencio

Una de las mujeres entrevistadas en el Especial “Mujer, violencia y silencio”, que fue violada por decenas de soldados, uno tras otro, por lo que después perdió a su bebé que nació con el cuello dislocado, nos contaba cómo no se lo había contado a su marido hasta veinte años después. Y porque participó en un taller de empoderamiento en el que se le fue preparando para aceptar lo que había vivido. Solís explica la razón de esta conducta: “Está naturalizada la violencia contra las mujeres. Antes, durante y después del conflicto. Las mujeres han vivido en unos niveles de desigualdad descomunales con respecto al resto de la sociedad. No se reconocen como sujetos.

El primer trabajo con ellas es conseguir que piensen que son seres humanos, que no es normal que abusen de ellas. Aunque lo hayan hecho desde pequeñas porque había mucho incesto. Y hay que tener en cuenta las reacciones después de que fueran violadas por los combatientes, que fueron muy diversas pero nunca de solidaridad: eran consideradas traidoras, sucias, como sus hijos si se habían quedado embarazadas de sus agresores… Se supone que ellas deberían haber hecho todo lo posible por morirse antes de ser violada. Por todo ello se sienten culpables. Pero además es que sus violadores siguen siendo sus vecinos. Están rodeadas de puro enemigo. Hay mujeres que a la vuelta de la presentación de un informe que recogía su testimonio, volvieron a ser violadas por los mismos”.

El 88% por ciento de las mujeres violadas y torturadas fueron indígenas, una cultura en la que son las mujeres las transmisoras de la cultura, de la lengua, de la forma de curar... Es decir, de su ser maya. Tal y como explican en su planteamiento las demandantes de que la violencia sexual sea incorporada a este proceso, estaban aniquilando no sólo a sujetos sino a las encargadas de perpetuar la vida y la cultura, como parte del plan de genocidio. Muchas de ellas nunca pudieron aguantar que ningún hombre se volviera a acercar a ellas. Las destrozaron físicamente, pero también como personas. “Las sacaban de sus casas y las llevaban a lugares sagrados y allí las violaban, les hacían pasear desnudas. A otras se las llevaban a los destacamentos como esclavas sexuales y para que limpiaran, cocinaran…”.

La justicia supranacional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya condenó uno de los casos más flagrantes -si cupiese grados en este contexto de barbarie-. Se trató de la masacre cometida por los kaibiles, el cuerpo más sanguinario del Ejército guatemalteco, entrenado por Estados Unidos- en la aldea del norte del país Dos Erres, en la región del Petén. Allí,16 militares, como prueba de graduación, rajaron los vientres de las mujeres y sacaron a los fetos con sus propias manos. Así, “y a puro golpe”, como explica Solís, asesinaron a 252 personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños. Pero no fue hasta abril de este año cuando uno de los supuestos responsables de esta masacre, Jorge Sosa Orantes ha sido reclamado por la Justicia. El juez Santiago Pedraz, instructor del caso, pidió a Canadá su extradicción para ser juzgado por genocidio.

Pero la Corte Interamericana sólo puede condenar al Estado y hacer recomendaciones. Por eso, cuando se le pregunta a Solís por cómo valora la reforma de la Jurisdicción Universal en España es tajante: “Es lamentable porque para los hechos del presente tenemos a la Corte Penal Internacional. Pero para el pasado la única esperanza que nos queda son los Estados como España que tienen la posibilidad de hacer justicia y que están obligados, además, por ser firmantes de los tratados internacionales. Espero que el pueblo español que ha sido tan solidario con la causa guatemalteca siga el proceso con atención y se sienta orgullloso de lo que su Estado es capaz de hacer”.

EE UU: Presionar a aliados para acabar con el uso de niños y niñas soldado

Informe enumerado a los infractores reincidentes, pero continúa la ayuda militar
http://www.hrw.org/es/news/2011/06/27/ee-uu-presionar-aliados-para-acabar-con-el-uso-de-ni-os-soldado

Junio 27, 2011

Miles de menores en Chad, tanto niños como niñas,
han sido reclutados como soldados por todas las
partes en conflicto

(Nueva York) - Estados Unidos debería suspender la ayuda militar a países que utilizan niños soldado, Human Rights Watch señaló hoy.

El 27 de junio de 2011, el Departamento de Estado de EE UU publicó una lista de seis gobiernos que utilizan a niños soldados en violación de la legislación estadounidense adoptada en 2008: Birmania, Chad, la República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Sudán y Yemen. Cinco de los países - excepto Birmania - reciben ayuda militar de Estados Unidos.

"La estrategia de Estados Unidos de limitarse a decirle a los países que dejen de usar niños soldados no está funcionando", dijo Jo Becker, defensora de los derechos del niño de Human Rights Watch. "Mientras sigan recibiendo ayuda militar de Estados Unidos, estos países tienen pocos incentivos para dejar de reclutar niños".

La Ley de Prevención de Niños Soldados de 2008 impide a los gobiernos que utilizan a niños soldados recibir de Estados Unidos ayuda militar extranjera, entrenamiento militar, y varios otros tipos de ayuda militar estadounidense. Los seis países identificados en el nuevo informe sobre la trata de personas para el uso de niños soldados de 2011 fueron incluidos en la lista del Departamento de Estado por primera vez en junio de 2010. En octubre, el presidente Barack Obama emitió dispensas de interés nacional para permitirle a Chad, RDC, Sudán y Yemen continuar recibiendo ayuda militar a pesar de su uso de niños soldados.

Human Rights Watch instó al gobierno de Obama a no emitir exenciones generales a países que violan la Ley de Prevención de Niños Soldados a menos de que los gobiernos firmen acuerdos con la ONU para poner fin a la utilización de niños soldados y tomar medidas concretas para aplicar estos acuerdos.

El gobierno sostiene que la ayuda militar que proporciona a Somalia es asistencia para el mantenimiento de la paz que no está cubierta por la ley. El 22 de junio, los senadores Richard Durbin, de Illinois, y John Boozman, de Arkansas, introdujeron una legislación que enmendaría la Ley de Prevención de Niños Soldados para prohibir la asistencia para operaciones de paz a los gobiernos de los países que reclutan y usan niños soldados.

En la RDC, las fuerzas del gobierno reclutan activamente a niños y tienen cientos de menores en sus filas. El gobierno ha ascendido de rango a militares que han sido acusados - o incluso condenados - por el uso de niños soldados y el país se ha negado a cooperar con la ONU en la finalización de un plan para poner fin a su reclutamiento y utilización de niños soldados.

En Sudán Meridional, que logrará la independencia de Sudán en julio, El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán ha seguido reclutando a niños, según informes fidedignos recibidos por Human Rights Watch. Tampoco ha implementado plenamente un acuerdo de 2009 para desmovilizar a todos los niños de sus filas.

Las fuerzas del gobierno yemení han reclutado a niños de tan sólo 14 años y las milicias afiliadas al gobierno también han utilizado a niños como soldados.

En Chad, un informe de febrero de 2011 emitido por el Secretario General de la ONU documentó el reclutamiento continuo de niños por el ejército de Chad, incluido el reclutamiento de niños refugiados sudaneses. El Gobierno firmó un acuerdo con la ONU el 14 de junio donde se compromete a poner fin a todo reclutamiento de menores, liberar a todos los niños de sus fuerzas militares y de seguridad, y permitir la supervisión de la ONU de sus instalaciones militares.

El acuerdo de Chad es un paso positivo, pero el progreso en otros países ha sido muy lento, dijo Human Rights Watch.

"El Congreso fue claro en su intención de que Estados Unidos no debe apoyar militarmente a los gobiernos que utilizan a niños soldados en sus fuerzas", dijo Becker. "El año pasado, el gobierno dio a estos países un pase. No debe hacerlo de nuevo".